"Exigimos el fin del trasvase de dinero público a la red privada"

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid es uno de los cinco sindicatos mayoritarios de profesores en la Comunidad de Madrid. Es, junto a los representantes de la mesa sindical (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Central Sindical Independiente y de Funcionarios y ANPE), la organización de trabajadores que estado presente en la convocatoria de todas las huelgas desde que comenzara el curso. Pese a las discrepancias surgidas con los profesores, que acusaban a los sindicatos de tibieza, desde STEM afirman que han hecho "un esfuerzo para articular la estructura asamblearia de los centros con las organizaciones sindicales". Alberto Carrillo resume las posiciones del sindicato.

Pregunta: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que exigen al gobierno de Esperanza Aguirre? ¿Entienden que el conflicto es más laboral (las dos horas) o social (degradación de la escuela pública)?
Respuesta: La reivindicación central es el fin de los recortes educativos (lo que conlleva la retirada de las Instrucciones de Inicio de Curso 2011-12, la vuelta a los cupos de profesorado de –al menos- 2009-10, la recuperación del personal de los departamentos de orientación y del personal suprimido en los colegios públicos). Exigimos también el fin del trasvase de dinero público a la red privada. Y, por supuesto, la retirada de las sanciones al profesorado por su participación en las movilizaciones. Aunque el partido que gobierna la Comunidad ha intentado poner el foco en la cuestión del horario del profesorado, hay que decir que 19, 20 y hasta 21 horas lectivas las hemos impartido todos alguna vez, ya que era una posibilidad contemplada por la ley. Lo que ha cambiado este curso es la reducción de plantillas, lo que, aparte de aumentar el horario lectivo, ha provocado una disminución recursos para atender la diversidad y la generalización de materias “afines” (es decir, un profesor debe impartir materias distintas a las que son su especialidad). A pesar de la propaganda difundida por la Consejería, una inmensa mayoría de la comunidad educativa ha comprendido dónde se sitúa el problema y están solidarizándose con el profesorado.

P: ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir por su sindicato?
R: Hay que plantear un conflicto sostenido, que pueda tener continuidad todo el curso. El mantenimiento de asambleas de toda la comunidad educativa, el debate social sobre el modelo de escuela y sobre los servicios públicos es la base para consolidar y extender la resistencia a las políticas liberales.

P:¿Cómo están siendo las relaciones con los otros sindicatos, especialmente los mayoritarios?
R: El profesorado está exigiendo a las organizaciones sindicales que renunciemos a los sectarismos y posiciones oportunistas, y que primemos la unidad de acción. Es lo que estamos procurando, y debemos reconocer que todos están haciendo un enorme esfuerzo para articular un frente común que agrupe a posturas muy diversas. No creo que se pueda achacar a los sindicatos nada en este sentido.Ha sido necesario hacer también un esfuerzo para articular la estructura asamblearia de los centros con las organizaciones sindicales; en estos momentos, parece que se han encontrado mecanismos con las suficientes garantías para que la participación del profesorado quede reflejada en las acciones a emprender. Ciertamente, existe un sector minoritario que plantea un supuesto antagonismo entre trabajadores y la totalidad de los sindicatos, al tiempo que se deslegitima cualquier planteamiento que no sea coincidente con sus postulados. Se puede interpretar eso como una maniobra para aparecer como representantes exclusivos de algo tan plural como es el colectivo de trabajadores de la enseñanza.

P: Mientras se pierden interinos, empresas privadas van a proporcionar actividades de apoyo. Se sustituye el PROA por el plan REFUERZA. Una de las empresas es Empieza por Educar, de Ana Patricia Botín. ¿Se han puesto todos los medios para denunciar este ataque a la educación pública?
R: No creo que se deba hacer demagogia en este terreno. La empresa Empieza por Educar –de pensamiento ultraliberal, eso sí- tiene un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense, lo que le permite hacer sus prácticum en centros públicos. No son la única institución privada que lo hace, ya que también existe esa posibilidad para todas las Universidades Privadas. Ha alcanzado, a nuestro juicio, una difusión desmesurada este hecho, mientras que no se escucha una palabra sobre temas más graves, como es la amenaza de cheque escolar, privatización de la FP, concertación masiva –durante la última década- de tramos educativos no obligatorios, la externalización de programas de PCPI y compensatoria o la gestión indirecta privada de casi todas las escuelas infantiles y escuelas de música. En cuanto al plan REFUERZA, sí hemos denunciado que supone externalizar actividades que deberían tener una gestión pública.

P: En otro orden de cosas, en el Ensanche Sur de Alcorcón, el Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó una licencia a una congregación religiosa para la apertura de una escuela, el Colegio Juan Pablo II, el único en todo el barrio. ¿Qué información tiene su sindicato de esto? ¿Ha emprendido alguna acción en protesta?
R: Diferenciaría dos aspectos: la red privada (en el supuesto de que una mayoría parlamentaria decida que debe existir) tiene que ser subsidiaria de la red pública. En ningún caso es aceptable que una empresa privada goce del monopolio en un entorno. El otro aspecto es sí nos molesta especialmente por su carácter confesional: nuestro sindicato es firmemente partidario de la escuela laica, pero sería una contradicción que se denunciaran sólo los casos en que la privatización se lleva a cabo por instituciones confesionales y se silenciara cuando se beneficia a entidades laicas e, incluso, progresistas, con las que podríamos estar más en sintonía. Creemos que son denunciables en todos los casos.

P: ¿En qué cree que va a acabar todo este conflicto? ¿Se va a ver influenciado por la posible victoria del PP el 20 de noviembre?
R: Esperamos mantener la resistencia y animar a la movilización de otros sectores. La previsible mayoría absoluta del PP el 20N supondrá un aval a las políticas liberales de privatización y recortes, pero también puede activar movimientos populares que antes no estaban presentes. Por otra parte, el posible cambio en el gobierno central va a suponer también remodelaciones en las administraciones autonómicas. Si cambia el equipo de gobierno de la Comunidad, habrá que estar atento a sus posibles movimientos de ficha

Antonio González: "Temí por mi puesto de profesor"

El profesor coaccionado para abandonar el encierro detalla las presiones de la Administración

Antonio González es jefe del Departamento de Orientación del IES Europa de Móstoles. El 26 de septiembre inició un encierro en su instituto en protesta por los recortes en la educación pública. Ese mismo día, después de poner su cargo a disposición de la Directora del instituto, mandó una carta a todas las familias de los estudiantes en la que explicaba los estragos que causaba en el centro en el que estudian sus hijos las medidas tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid . Además informaba que, durante el encierro, el docente estaba disponible para atender a cualquier alumno o familia en el marco de sus labores como orientador. Es decir, una huelga a la japonesa. Lo hacía, sin descuidar la reivindicación laboral, ante todo, por los costes sociales que, en su opinión, incidirán especialmente en su área de trabajo, la atención al conjunto de alumnos más desfavorecidos. Finalmente, el sábado 8 de octubre (un día después del día pactado con su familia y compañeros) y después de comprobar cómo su acción tuvo repercusión en los medios de comunicación, desistió, tras conocer a través de la dirección del centro las amenazas recibidas por la Dirección del Área Territorial de la Consejería de Educación (D.A.T.) desde el jueves.

Pregunta: ¿Por qué decidió hacer un encierro indefinido y no de manera puntual como el resto de profesores?

Respuesta: Tomé esa decisión porque entendí que para que tuviera relevancia en los medios, algo enfocado en una persona daría más juego y llamaría más la atención. Y en concreto, en calidad de jefe del Departamento de Orientación, entendía que teníamos la obligación de tener una voz más específica, no tanto por el conflicto laboral y sí más por el social, para hacer un llamamiento concreto a las familias.

P: ¿Cuándo y por qué decidió abandonarlo?
R: Cuando yo inicio el encierro, de cara a los medios y a la Administración lo planteo como un encierro indefinido, pero no iba a poder mantenerlo por tiempo infinito. En negociación con mi propia familia tenía pactado un día de finalización, el viernes 7 de octubre. Lo dejé el sábado 8 por la mañana. El jueves anterior se me comunica a través de la dirección, de parte de la Consejería, que debo acabarlo inmediatamente, porque ya había trascendido de forma notoria en los medios y a la Administración le molestaba el encierro. Yo en ese momento me negué y aguanté hasta el sábado, justamente porque tenía los medios encima, y vi que tenía que aguantar dos o tres días más, pese a la amenaza de la Administración. Conviene aclarar que el encierro estaba previsto de manera indefinida, pero no en mi persona, sino que era una idea apoyada por algún otro profesor. Yo abandonaría el encierro ese sábado y estaba previsto la continuación el lunes, con las mismas reivindicaciones. Pero en este centro ya no podía ser porque estaba siendo el foco de atención de los medios, y en este caso, de la Administración, y entendíamos que no podíamos ponerles un blanco fácil. Había que cambiar de centro y de personas. No pudo ser porque no hubo un centro que aceptara un encierro de estas características, sólo encierros puntuales de uno o dos días, porque parece que la Administración ante eso no se alarma ni presiona a nadie. Pero de las características del que yo inicié no estaban dispuestos a aceptarlo. Hicimos gestiones con las direcciones de algunos centros y no fue posible. Pese a que tenía llamadas de El País, la Agencia EFE o SER-Suroeste, interesados en la seguimiento de este encierro, se tuvo que abortar, no por falta de candidatos, sino por falta de centros.

P: ¿Cómo tuvo conocimiento de esas presiones de la Administración para que desistiera?
R: Yo no fui interlocutor inmediato, lo que a mí me comunicaron fue a través de la dirección del centro: tendría que producirse un `desalojo inmediato o actuarían con contundencia´, lo que se podía interpretar de muchas formas. Ha corrido por internet y pude interpretar yo que era llamar a la policía o abrir un expediente disciplinario. No ocurrió ninguna de las dos cosas, porque quizás previeron que la dirección centro comunicaría que lo dejaría en breve. Entonces, no procedieron a intervenir. No ocurrió nada a partir del jueves pese a las amenazas verbales.

P: ¿Cómo se produjeron esas amenazas?
R: Fue una llamada por teléfono del director del Área Territorial y él a su a vez aludía a las órdenes que venían de arriba. Y mientras a él no le presionaran, decía que aguantaría. Él se exculpaba diciendo que no era su voluntad intervenir en el encierro si se iba a prolongar poco tiempo.

P: ¿No concretó de la persona que venía de arriba?
R: Yo no sé si lo concretó, la información que a mí me llega es que venía de arriba y nada más. No sé si a la directora se le comunicó. Yo creo que no, que fue una vaga alusión a la Consejería.

P: ¿Temió en algún momento en que se le apartara en su carrera de profesor?
R: Sí lo temí. Me asesoré el día en que recibí la amenaza con el servicio jurídico de Comisiones Obreras y me dijeron que, al ser una persona sola y en un cierro indefinido de estas características, era un blanco fácil desde el punto de vista legal y que podían expedientarme o incluso procesarme por la vía penal. Yo, de todas formas, pensé que no tenía sentido, no estaba de vacaciones en el centro, y que ahora que tenía todos los medios a mi alrededor no iba a abandonar. Me planteé al menos cumplir lo que había pactado con mi familia y lo apuré hasta el día siguiente.

P: ¿Qué postura adoptaron sus compañeros de centro?
R: El apoyo de mis compañeros desde el principio ha sido unánime. Desde que se supo el viernes las amenazas veladas que recibí el centro y yo el apoyo se tradujo en un encierro masivo esa noche. De hecho, cuando vino La Sexta, éramos un grupo importante encerrados. Siempre fue un apoyo masivo, no sólo de mis compañeros; me han llegado correos, felicitaciones de muchos profesores y sobre todo, de orientadores y de personal que trabaja con estos alumnos más necesitados.

P: ¿Recibió algún tipo de apoyo político local o autonómico?
R: Recibí una visita de los concejales del partido de oposición de aquí de Móstoles interesándose por mi situación y ofreciéndose a colaborar en lo que yo necesitara. Lo entendí como un apoyo más personal. Estuvieron conmigo una hora.

P: ¿Esperaba esta repercusión mediática de su acción?
R: Sí lo esperaba. Quizás todo de golpe no. Fui muy por libre. No contaba con ninguna estructura sindical ni con ningún apoyo más que el de mis compañeros del centro, tenía escasos contacto con los medios. Me sorprendió que viniera todo de golpe, creo que hubiera sido genial mantenerlo más tiempo. Pero no me lamento, porque aunque igual las consecuencias para el bien del colectivo hubieran sido mayores, mi equipo directivo hubiera quedado en una muy mala posición, porque estaban presionados por la Administración. Y por otro lado, el coste familiar, que entendía que no tenía que pagarlo yo solo, si no que era una carga del colectivo, y aún más, de la sociedad, que debe tomar el relevo. O no están siendo del todo conscientes las familias de lo que le afectan esta agresión a los servicios públicos o les falta estructura para organizarse y dar unas respuestas más contundentes. No me refiero a la opinión pública en general, que la tenemos en contra, pero sí los beneficiarios de estos centros públicos, aquellos que sus hijos están siendo apoyados y reforzados, ellos sí deben tomar el relevo

P: ¿Echó en falta apoyo de algún grupo u organismo?

R:Sinceramente me sorprendió que ningún sindicato mayoritario ofreciera cobertura mediática al encierro. Tuve el apoyo de afiliados sindicales, pero dada la trascendencia que tomaba el encierro me sorprendió su silencio al respecto y el que no movilizaran a medios para darle una mayor difusión. Mi encierro se conoció más por internet y por un contacto que tuve en una de las movidas con un periodista que por la intervención de sindicatos, que´sí que conocían el encierro. No obstante, no esperaba su intervención ni lo hice contando con ello. Simplemente me sorprendió su silencio.En mi reflexión entiendo que son estructuras rígidas y que no suelen incorporar aquello que ellos no planifican previamente desde sus órganos jerárquicos.

P: ¿Cambiaría algo en el fondo o en la forma de su protesta?
R: Creo que ha sido una protesta acertada y que no me he equivocado en absoluto. Con muy pocos recursos he tenido gran trascendencia y deberíamos trabajar más en esa línea. Hemos tenido el apoyo moral de los sindicatos, pero no han tenido esta otra postura de caso personales, de historias que llegan más a la opinión pública que manifiestos, manifestaciones y demás. No es que se oponga una cosa a la otra, pero ha faltado trabajar más en la línea que en la que yo lo he hecho.

Noches en vela en defensa de la educación pública

Unos 100 profesores, alumnos y padres pernoctan en el IES Principe Felipe de Madrid en un ambiente festivo y reivindicativo

Óscar tiene 17 años. Es estudiante de 2º de Bachillerato y le gustaría ser abogado. "Cuando me enteré del encierro ni lo dudé", aclara con indisimulado orgullo. Él es uno de los 20 alumnos del instituto público Príncipe Felipe (Barrio del Pilar, Madrid) que han decidido pasar la noche en su centro de estudios para protestar por los recortes en educación en la Comunidad de Madrid. Está su padre presente porque, aclara el secretario del instituto, Miguel González de la Serna, que los menores de edad están obligados, al menos, a presentar una autorización de los padres para participar en el encierro.

A las nueve de la noche comienzan a llegar al centro docentes, que hoy era día de huelgas y manifestaciones. A estas horas son más de 200 personas las que, ataviadas con las ya clásicas camisetas verdes, se encuentran en el centro. De la Serna, el abnegado secretario, ultima todos los detalles para que, a la hora de la asamblea, punto culminante del encierro, todo esté previsto. Se encarga de proveer de alimentos y de reclutar colchonetas suficientes en el gimnasio (“con la ayuda de la asociación de padres y madres”, puntualiza), improvisado dormitorio común. “Las protestas se han hecho muy tarde, el año pasado nos rebajaron un 10% el sueldo, eso bofetón fue peor” dice González de la Serna, hombre de "izquierdas de toda la vida" y que añora los tiempos de Marcelino Camacho y Nicolás Redondo (“aquellos sí le echaban narices”), pero que se muestra encantado de que los jóvenes, al menos los de su instituto, no hablen sólo de “C. Ronaldo y Messi”.


Asamblea

La asamblea comienza ya al filo de la media noche, con algo de retraso. Los primeros que toman la palabra son los profesores. Hacen una disección de la situación y explican que el principal objetivo de las protestas es “evitar que se recorte ningún servicio en la educación pública”. Además reclaman que no se despida a ningún educador. Han perdido 15 en el último año y 25 los últimos cuatro. A continuación el equipo directivo explicó que este curso realizan, en total, unas 20 horas semanales, cuando hasta ahora estaban exentos de dar ninguna materia, para poder centrarse en la administración del centro. Tras la reunión se ofrece la cena. El grupo se va dividiendo en pequeños corrillos y más de uno se retira ya descansar al gimnasio. Miguel Ángel Orejón, de 22 años, y nuevo estudiante del módulo de imagen que se imparte en el centro, ha venido con su propio saco de dormir. "Me he quedado varias noches en Sol, así que esto no será muy duro", explica con una sonrisa. A las dos de la madrugada son 100 las personas que han decidido que esta noche duermen fuera de casa en defensa de la educación pública.

Profesores de Móstoles protestan en el pleno del ayuntamiento de la localidad por la reforma educativa

A la salida del pleno algunos asistentes increparon a los miembros del Partido Popular

Unos veinte profesores de secundaria acudieron al pleno municipal de Móstoles (Madrid) que se celebró la tarde del jueves 22 de septiembre para protestar por la reforma en la educación pública acometida por el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Los funcionarios, ataviados con unas camisetas verdes con la leyenda "Escuela pública de todos para todos", abuchearon a la concejala de educación y cultura de Móstoles, Mirina Cortés, del Partido Popular, cuando ésta defendía el voto negativo de su formación a la moción presentada por Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) de "apoyo al profesorado y contra la degradación de la educación pública en la Comunidad de Madrid". En ese momento el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, obligó a la policia a desalojar a una asistente al pleno, ya que, según el regidor, "había insultado gravemente a la democracia". La expulsada, profesora, afirmó posteriormente que fue "un momento de nerviosismo" y que sólo había gritado "es una vergüenza". Parro interrumpió varias veces la sesión para pedir silencio al público y amenazar con el "desalojo total".

Según afirmó la representante de IU, Dolores Ruiz Choclán, en la localidad se iban a perder para el nuevo curso 2011/2012 113 profesores. Además criticó que los educadores del nuevo Instituto del Bachillerato de Excelencia tuvieran 12 horas lectivas a la semana, en comparación a las 20 que tendrán a partir de este curso los demás profesores. También dijo que las privaciones fiscales consecuencias de la reforma suponen más de 90 millones de euros. Choclán lamentó que se dedicaran "620 millones de euros en publicidad de las instituciones" o "110 en la Ciudad de la Justicia", "muy superior" a los 90 millones que prevé ahorrarse el gobierno de Esperanza Aguirre en los recortes a la educación. Finalmente, la moción fue rechazada por 17 votos a 10.

Altercados a la salida

Otro de los asistentes al pleno, M. Cerrada, jefe de estudios del instituto público Manuela Malasaña, de Móstoles, explicó que la reforma implica en su centro una "reducción de ofertas de desdoble y optativas", y que "se pasaría de 67 profesores a 56", con una reducción de horas lectivas totales de 110. M. Jimeno, profesor del instituto mostoleño Antonio Nebrija, aseguró que el centro en el que trabaja perdería 13 profesores, el "inicio de curso no se desarrolaría con normalidad" y se reduciría la atención a los alumnos "con problemas de aprendizaje". Además recomendó que "para entender los mecanismos de pensamiento de esta gente" se visitara el blog de la consejera de educación, Lucía Figar. Tras el pleno alguno de los asistentes increparon la salida del equipo de gobierno popular, a los que llamaron "corruptos", "sinvergüenzas" o "delincuentes".

"No son dos horas, es mucho más"

Profesores de la educación pública de la Comunidad de Madrid explican cómo están afectando los recortes en su trabajo

El IES Jimena Menéndez Pidal es un instituto público de Fuenlabrada (Madrid). Cada día asisten a sus clases, ya sean de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional, más de 1.000 alumnos, con edades que van desde los 12 años a algunos que superan la veintena. Los paros de septiembre fueron secundados por un 66% de los profesores. Su director, José Luís Herranz, el único que aceptó ser nombrado en esta información, asegura que la reforma en su centro sólo va a suponer un recorte de profesores (de 74 a 67, puntualiza), pero no en el número de asignaturas, desdobles o diversificación. Además sostiene que ya el año pasado algunos educadores tenían que impartir asignaturas que no eran las suyas, "pero sí afines". Según Herranz, la reforma implica únicamente "un esfuerzo mayor de los profesores para adaptar sus horarios".


Sin embargo, las opiniones de los demás educadores a la salida del centro distaban mucho de esta versión. Algunos de ellos se pasean con camisetas en las que se reivindicaba la escuela pública. Una trabajadora del centro, profesora de uno de las dos especialidades ofertadas por el Menéndez Pidal de Formación Profesional, que prefiere mantener su anonimato por "desavenencias con la dirección", explica que se han suspendido las actividades de Erasmus y Biblioteca, ya que los profesores deben dedicar más tiempo a clases. Contradiciendo al director del centro, afirma que las reformas obligan a profesores "a enseñar asignaturas de las que no son especialistas". Detalla, como ejemplo, que un profesor de Inglés está obligado por las circunstancias a impartir Lengua este año. Uno de los miembros de la dirección, que se declara "a favor de las movilizaciones", afirma que la razón de éstas "no es la ampliación de las dos horas lectivas, sino mucho más; es un intento de destrozar la educación pública que viene de lejos".

Otra profesora, jefa de su departamento y que lleva más de 20 años educando a chicos en este instituto de la periferia madrileña, desvela que en su área tienen hasta 22 horas lectivas semanales, por lo que "incumplen la normativa, incluso tras la reforma". La funcionaria lamenta que las tutorías ya no contabilicen como horas lectivas, por lo que sólo consiguen recuperarlas con horas extraordinarias. Asegura que el año pasado era tutora de un grupo de algo más de 20 alumnos. Este curso se ha triplicado, dos grupos de 35 alumnos. Además explica que en una de las clases tiene a un chico con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.s.), que hasta el curso pasado era obligatorio que no superara el ratio de uno de estos estudiantes por cada 25 alumnos y profesor. Este año su profesora tiene que atender a 70 de sus compañeros. "Que me explique Espe cómo hago caso yo a ese niño", concluye la educadora.

Abusos y el "todo vale"

La definición que hace el Tribunal Supremo de los becarios aclara que tiene como finalidad primaria facilitar el estudio y la incorporación del becario y no la de beneficiarse de los resultados y frutos de los estudios realizados anteriormente por éste a la persona que la otorga. Sin embargo los medios de comunicación usan esta figura como una relación laboral encubierta. Un fraude masivo que reporta considerables réditos a las empresas.

Según la Federación de Sindicatos de Periodistas alrededor de un 40% de la producción periodística está realizada por trabajadores sin ninguna cobertura laboral. En la prensa no diaria, alcanza el 90%. En relación a las prácticas, una encuesta realizada por la Asociación de Prensa de Madrid cifraba en un 79% los profesionales recién licenciados que manifestaron haberlas realizado. Únicamente el 9,4% de ellos han accedido por esa vía a un puesto de trabajo. El resto ha sido aprovechado como mano de obra gratuita.

Sin duda, el hecho de que sean unos 3.000 los periodistas los que trabajen en la actualidad con unas condiciones dignas, y que todos los años se licencien un número aproximado, permite a las empresas imponer el "todo vale". Son sabedoras que, con la complicidad de una regulación laxa, tienen a cuantos periodistas quieran dispuestos a venderse a la baja.

En este sentido es muy aclaratorio el sincero post que publicó Maruja Torres, a cuento de unos reportajes del diario donde ella escribe, El País, sobre la precariedad en los jóvenes: “tiene narices que en los periódicos, en donde se da uno de los índices más altos de explotación y falta de futuro, se denuncien estas cosas como ajenas”. Carlos Fernández Lozano.

Refundación del modelo de negocio

El diario The New York Times comenzó el 28 de marzo a cobrar por acceder a sus contenidos en Internet, algo que ya puso en marcha en 2005 con escasos resultados. El precio será de unos 25 euros mensuales. En España, desde hace algún tiempo, Unidad Editorial (empresa editora de El Mundo y Marca, entre otros) también tiene disponible un formato virtual de pago (aunque sus páginas webs clásicas siguen siendo de libre acceso). Estos intentos no son más que la agonía de una forma determinada de entender la información y su comercialización.

Los grandes grupos de comunicación se han visto desbordados por la oportunidad que ofrecía Internet de adquirir los mismos contenidos con una calidad similar. Ya sea en papel o en formato digital, para plantearse y justificar el cobro, los medios deberían ofrecer un valor añadido a la información. Esto se consigue con calidad, análisis, investigación o independencia. Pero para ello, también es necesario tener a los profesionales adecuados. Además no hay que olvidar la publicidad como importante fuente de ingresos.

Lo que está en peligro no es el periodismo, sino unas grandes empresas y su modelo de negocio en torno a él. Quizás la solución sea una refundación del sector, pasando de unos grupos de comunicación extraordinariamente grandes y que tienden a la concentración, a una mayor diversificación, entidades más pequeñas y viables y con una labor más cercana al ciudadano. Todo ello, a la vez que se conseguiría una mayor pluralidad. Carlos Fernández Lozano.