El
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid es uno de los cinco sindicatos mayoritarios de profesores en la Comunidad de Madrid. Es, junto a los representantes de la mesa sindical (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Central Sindical Independiente y de Funcionarios y ANPE), la organización de trabajadores que estado presente en la convocatoria de todas las huelgas desde que comenzara el curso. Pese a las
discrepancias surgidas con los profesores, que acusaban a los sindicatos de tibieza, desde STEM afirman que han hecho "un esfuerzo para articular la estructura asamblearia de los centros con las organizaciones sindicales". Alberto Carrillo resume las posiciones del sindicato.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que exigen al gobierno de Esperanza Aguirre? ¿Entienden que el conflicto es más laboral (las dos horas) o social (degradación de la escuela pública)?
Respuesta: La reivindicación central es el fin de los recortes educativos (lo que conlleva la retirada de las Instrucciones de Inicio de Curso 2011-12, la vuelta a los cupos de profesorado de –al menos- 2009-10, la recuperación del personal de los departamentos de orientación y del personal suprimido en los colegios públicos). Exigimos también el fin del trasvase de dinero público a la red privada. Y, por supuesto, la retirada de las sanciones al profesorado por su participación en las movilizaciones. Aunque el partido que gobierna la Comunidad ha intentado poner el foco en la cuestión del horario del profesorado, hay que decir que 19, 20 y hasta 21 horas lectivas las hemos impartido todos alguna vez, ya que era una posibilidad contemplada por la ley. Lo que ha cambiado este curso es la reducción de plantillas, lo que, aparte de aumentar el horario lectivo, ha provocado una disminución recursos para atender la diversidad y la generalización de materias “afines” (es decir, un profesor debe impartir materias distintas a las que son su especialidad). A pesar de la propaganda difundida por la Consejería, una inmensa mayoría de la comunidad educativa ha comprendido dónde se sitúa el problema y están solidarizándose con el profesorado.
P: ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir por su sindicato?
R: Hay que plantear un conflicto sostenido, que pueda tener continuidad todo el curso. El mantenimiento de asambleas de toda la comunidad educativa, el debate social sobre el modelo de escuela y sobre los servicios públicos es la base para consolidar y extender la resistencia a las políticas liberales.
P:¿Cómo están siendo las relaciones con los otros sindicatos, especialmente los mayoritarios?
R: El profesorado está exigiendo a las organizaciones sindicales que renunciemos a los sectarismos y posiciones oportunistas, y que primemos la unidad de acción. Es lo que estamos procurando, y debemos reconocer que todos están haciendo un enorme esfuerzo para articular un frente común que agrupe a posturas muy diversas. No creo que se pueda achacar a los sindicatos nada en este sentido.Ha sido necesario hacer también un esfuerzo para articular la estructura asamblearia de los centros con las organizaciones sindicales; en estos momentos, parece que se han encontrado mecanismos con las suficientes garantías para que la participación del profesorado quede reflejada en las acciones a emprender. Ciertamente, existe un sector minoritario que plantea un supuesto antagonismo entre trabajadores y la totalidad de los sindicatos, al tiempo que se deslegitima cualquier planteamiento que no sea coincidente con sus postulados. Se puede interpretar eso como una maniobra para aparecer como representantes exclusivos de algo tan plural como es el colectivo de trabajadores de la enseñanza.
P: Mientras se pierden interinos, empresas privadas van a proporcionar actividades de apoyo. Se sustituye el PROA por el plan REFUERZA. Una de las empresas es Empieza por Educar, de Ana Patricia Botín. ¿Se han puesto todos los medios para denunciar este ataque a la educación pública?
R: No creo que se deba hacer demagogia en este terreno. La empresa Empieza por Educar –de pensamiento ultraliberal, eso sí- tiene un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense, lo que le permite hacer sus prácticum en centros públicos. No son la única institución privada que lo hace, ya que también existe esa posibilidad para todas las Universidades Privadas. Ha alcanzado, a nuestro juicio, una difusión desmesurada este hecho, mientras que no se escucha una palabra sobre temas más graves, como es la amenaza de cheque escolar, privatización de la FP, concertación masiva –durante la última década- de tramos educativos no obligatorios, la externalización de programas de PCPI y compensatoria o la gestión indirecta privada de casi todas las escuelas infantiles y escuelas de música. En cuanto al plan REFUERZA, sí hemos denunciado que supone externalizar actividades que deberían tener una gestión pública.
P: En otro orden de cosas, en el Ensanche Sur de Alcorcón, el Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó una licencia a una congregación religiosa para la apertura de una escuela, el Colegio Juan Pablo II, el único en todo el barrio. ¿Qué información tiene su sindicato de esto? ¿Ha emprendido alguna acción en protesta?
R: Diferenciaría dos aspectos: la red privada (en el supuesto de que una mayoría parlamentaria decida que debe existir) tiene que ser subsidiaria de la red pública. En ningún caso es aceptable que una empresa privada goce del monopolio en un entorno. El otro aspecto es sí nos molesta especialmente por su carácter confesional: nuestro sindicato es firmemente partidario de la escuela laica, pero sería una contradicción que se denunciaran sólo los casos en que la privatización se lleva a cabo por instituciones confesionales y se silenciara cuando se beneficia a entidades laicas e, incluso, progresistas, con las que podríamos estar más en sintonía. Creemos que son denunciables en todos los casos.
P: ¿En qué cree que va a acabar todo este conflicto? ¿Se va a ver influenciado por la posible victoria del PP el 20 de noviembre?
R: Esperamos mantener la resistencia y animar a la movilización de otros sectores. La previsible mayoría absoluta del PP el 20N supondrá un aval a las políticas liberales de privatización y recortes, pero también puede activar movimientos populares que antes no estaban presentes. Por otra parte, el posible cambio en el gobierno central va a suponer también remodelaciones en las administraciones autonómicas. Si cambia el equipo de gobierno de la Comunidad, habrá que estar atento a sus posibles movimientos de ficha
