El pasado nueve de febrero entregaron en el Ministerio de Interior los estatutos de un nuevo partido político, Sortu. En el acto de presentación se mostraron contrarios a cualquier tipo de violencia, entre ella, “sin ambages”, la de ETA. Es decir, cumplen todos los requisitos de la Ley de Partidos, aquella creada expresamente para intentar ahogar políticamente a la izquierda abertzale.
Sin embargo, pese a que el discurso está acompasado a la normativa, el Estado quiere entorpecer el proceso de legalización de Sortu, exigiendo la condena de forma retroactiva de todos los atentados anteriores. El conflicto vasco necesita de la flexibilidad, el debate y la participación de todas las fuerzas sociales y políticas para llegar al inexorable proceso de paz, sin que visiones maniqueístas y totalitarias lo mutilen. Resulta paradójico que el Partido Popular, que ha evitado formular condena alguna a los crímenes del franquismo, anhele con tanta vehemencia impedir la creación de la formación política.
Dejar sin opción de voto a un sector tan representativo (llegaron a obtener cifras en las elecciones superiores al 20%) de la sociedad vasca es una conducta antidemocrática que difícilmente se puede justificar. Además es evidente la arbitrariedad con la que actúa el Estado en este caso. ¿Hasta qué punto y de qué manera se puede puede considerar a alguien relacionado con ETA si nunca militó en ella? Es doloroso que un grupo armado asesine para luchar por la consecución de un objetivo, sin embargo, es más inquietante que un estado ilegalice corrientes políticas. Carlos Fernández Lozano.
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