Uno de los indicadores más fehacientes de la salud democrática de un estado es el nivel de información y transparencia. España tiene en el acceso a la información una de sus más visibles carencias como democracia. Por ello, es del todo deseable que se resuelva esta notoria laguna. Además es un tema recogido, aunque de forma algo ambigua, por la Constitución, que en su artículo 105.b garantiza “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, salvo en lo que afecte a temas especialmente sensibles, como seguridad y defensa del Estado o la intimidad de las personas. El principal escollo es que el concepto de archivos y registros es mucho más estrecho que un pleno derecho de acceso a toda la información en las manos de las entidades públicas.
Sin duda, es un asunto en el que deben afanarse y abordar sin remilgos nuestros políticos para mejorar la calidad democrática de nuestro país. Ni que decir tiene, que a los únicos que beneficia esta opacidad informativa es a los que tienen algo que esconder. Este derecho, que debería poseer toda la población, es especialmente importante para los periodistas. Así, se esclarecerían asuntos tan sensibles en la historia reciente de nuestro país como el 23-F o el terrorismo de Estado practicado en los años 80, además de suponer un freno para futuras actividades similares. El sempiterno olvido de los gobernantes españoles de regular esta materia refleja, o bien una grave despreocupación por los derechos básicos de los ciudadanos en una verdadera democracia o, lo que sería sin duda más alarmante, un corporativismo tramposo, rayando en lo delictivo. Carlos Fernández Lozano.
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