Profesores de la educación pública de la Comunidad de Madrid explican cómo están afectando los recortes en su trabajo
El IES Jimena Menéndez Pidal es un instituto público de Fuenlabrada (Madrid). Cada día asisten a sus clases, ya sean de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional, más de 1.000 alumnos, con edades que van desde los 12 años a algunos que superan la veintena. Los paros de septiembre fueron secundados por un 66% de los profesores. Su director, José Luís Herranz, el único que aceptó ser nombrado en esta información, asegura que la reforma en su centro sólo va a suponer un recorte de profesores (de 74 a 67, puntualiza), pero no en el número de asignaturas, desdobles o diversificación. Además sostiene que ya el año pasado algunos educadores tenían que impartir asignaturas que no eran las suyas, "pero sí afines". Según Herranz, la reforma implica únicamente "un esfuerzo mayor de los profesores para adaptar sus horarios".
Sin embargo, las opiniones de los demás educadores a la salida del centro distaban mucho de esta versión. Algunos de ellos se pasean con camisetas en las que se reivindicaba la escuela pública. Una trabajadora del centro, profesora de uno de las dos especialidades ofertadas por el Menéndez Pidal de Formación Profesional, que prefiere mantener su anonimato por "desavenencias con la dirección", explica que se han suspendido las actividades de Erasmus y Biblioteca, ya que los profesores deben dedicar más tiempo a clases. Contradiciendo al director del centro, afirma que las reformas obligan a profesores "a enseñar asignaturas de las que no son especialistas". Detalla, como ejemplo, que un profesor de Inglés está obligado por las circunstancias a impartir Lengua este año. Uno de los miembros de la dirección, que se declara "a favor de las movilizaciones", afirma que la razón de éstas "no es la ampliación de las dos horas lectivas, sino mucho más; es un intento de destrozar la educación pública que viene de lejos".
Otra profesora, jefa de su departamento y que lleva más de 20 años educando a chicos en este instituto de la periferia madrileña, desvela que en su área tienen hasta 22 horas lectivas semanales, por lo que "incumplen la normativa, incluso tras la reforma". La funcionaria lamenta que las tutorías ya no contabilicen como horas lectivas, por lo que sólo consiguen recuperarlas con horas extraordinarias. Asegura que el año pasado era tutora de un grupo de algo más de 20 alumnos. Este curso se ha triplicado, dos grupos de 35 alumnos. Además explica que en una de las clases tiene a un chico con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.s.), que hasta el curso pasado era obligatorio que no superara el ratio de uno de estos estudiantes por cada 25 alumnos y profesor. Este año su profesora tiene que atender a 70 de sus compañeros. "Que me explique Espe cómo hago caso yo a ese niño", concluye la educadora.
El IES Jimena Menéndez Pidal es un instituto público de Fuenlabrada (Madrid). Cada día asisten a sus clases, ya sean de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional, más de 1.000 alumnos, con edades que van desde los 12 años a algunos que superan la veintena. Los paros de septiembre fueron secundados por un 66% de los profesores. Su director, José Luís Herranz, el único que aceptó ser nombrado en esta información, asegura que la reforma en su centro sólo va a suponer un recorte de profesores (de 74 a 67, puntualiza), pero no en el número de asignaturas, desdobles o diversificación. Además sostiene que ya el año pasado algunos educadores tenían que impartir asignaturas que no eran las suyas, "pero sí afines". Según Herranz, la reforma implica únicamente "un esfuerzo mayor de los profesores para adaptar sus horarios".
Sin embargo, las opiniones de los demás educadores a la salida del centro distaban mucho de esta versión. Algunos de ellos se pasean con camisetas en las que se reivindicaba la escuela pública. Una trabajadora del centro, profesora de uno de las dos especialidades ofertadas por el Menéndez Pidal de Formación Profesional, que prefiere mantener su anonimato por "desavenencias con la dirección", explica que se han suspendido las actividades de Erasmus y Biblioteca, ya que los profesores deben dedicar más tiempo a clases. Contradiciendo al director del centro, afirma que las reformas obligan a profesores "a enseñar asignaturas de las que no son especialistas". Detalla, como ejemplo, que un profesor de Inglés está obligado por las circunstancias a impartir Lengua este año. Uno de los miembros de la dirección, que se declara "a favor de las movilizaciones", afirma que la razón de éstas "no es la ampliación de las dos horas lectivas, sino mucho más; es un intento de destrozar la educación pública que viene de lejos".
Otra profesora, jefa de su departamento y que lleva más de 20 años educando a chicos en este instituto de la periferia madrileña, desvela que en su área tienen hasta 22 horas lectivas semanales, por lo que "incumplen la normativa, incluso tras la reforma". La funcionaria lamenta que las tutorías ya no contabilicen como horas lectivas, por lo que sólo consiguen recuperarlas con horas extraordinarias. Asegura que el año pasado era tutora de un grupo de algo más de 20 alumnos. Este curso se ha triplicado, dos grupos de 35 alumnos. Además explica que en una de las clases tiene a un chico con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.s.), que hasta el curso pasado era obligatorio que no superara el ratio de uno de estos estudiantes por cada 25 alumnos y profesor. Este año su profesora tiene que atender a 70 de sus compañeros. "Que me explique Espe cómo hago caso yo a ese niño", concluye la educadora.
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